JDI IN THE NEWS - 2009

Claudia Núñez, Presas revelan abusos, La Opinión, July 24, 2009

Gorda, casi infantil, es la letra de Leticia Esparza, pero su mensaje no tiene nada de cándido: "Por favor, ayúdenme a recuperar a mis hijos", clama en una carta enviada desde una prisión en San Bernardino.

Leticia es una de las más de 3,100 mujeres que se estima esperan en una cárcel tras haber sido detenidas por cuestiones migratorias, un encierro que, como a Esparza, las ha llevado a padecer situaciones extremas, tales como las reveladas tras una encuesta realizada entre 48 mujeres inmigrantes prisioneras.

Las quejas fueron desde humillaciones tan banales como sobrellevar sus períodos menstruales con apenas dos toallas sanitarias, hasta situaciones graves como perder definitivamente la custodia de sus hijos y, en algunos casos, incluso violación sexual, indica el reporte revelado por Human Rights Watch.

"Es espantoso que ICE ni siquiera proporcione a las mujeres bajo su custodia toallas higiénicas para evitar el sangrado a través de su ropa, y ni hablar de pruebas de Papanicolaou, mamografías, y los demás elementos más básicos de atención de la salud de la mujer", dijo Meghan Rhoad, investigador en la División de los Derechos de la Mujer en Human Rights Watch. "Ya es suficiente daño que estas mujeres estén encerradas. Lo menos que el gobierno puede hacer es darles atención digna", dijo.

En general el sistema penitenciario refleja que la detención de mujeres registra niveles históricos, aumentos que van desde apenas 12,300 detenciones en 1980 a más de 114 mil en 2007, indican informes recientes del Departamento de Justicia.

Sin embargo, han sido las prisiones de orden migratorio donde el incremento femenino ha sido más contundente. Ahí, en promedio un 10% de las detenciones en la frontera y a manos de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) son mujeres inmigrantes, declararon activistas durante una audiencia en el Capitolio el pasado 24 de junio.

La mayoría de la población femenina detenidas por casos migratorios no representa una amenaza para la seguridad, ni el más mínimo riesgo de fuga, dijo Nina Rabin, directora de investigación de Southwest Institute for Research on Women de la Universidad de Leyes de Arizona.

Las defensoras señalan que, de hecho, las mujeres están siendo separadas de sus hijas e hijos, en muchos casos permanentemente.

Las madres son detenidas y conducidas a centros de detención ubicados a cientos de kilómetros de distancia sin brindarles la oportunidad de hacer los arreglos más básicos para el cuidado de sus hijas e hijos.

Mientras están bajo detención se les niega acceso a teléfonos y a los materiales legales necesarios para localizar a sus hijas e hijos y comunicarse con tribunales de familia, a fin de preservar sus derechos maternales, apunta el estudio.

En una carta de cinco hojas enviada a La Opinión, Leticia Esparza narró que fue deportada en junio de 2008 y que desde Tijuana buscó por todos los medios para que le enviaran a sus cuatro hijos de 7, 5, 3 y 2 años con ella; pese a las llamadas a consulados, oficinas gubernamentales, organizaciones de derechos humanos e incluso iglesias, al paso de los meses y sin respuesta del Departamento de Protección de Menores decidió cruzar nuevamente la frontera para buscarlos.

"Sólo de saber que mis hijos estaban con gente desconocida, el dolor me consumía y me la pasaba llorando. Me partía el alma oír a mis hijos llorar cuando hablaba por teléfono con ellos y me dije a mí misma ‘voy por mis hijos aunque me cueste la vida’; pero fui detenida por agentes de migración", expresa.

"Cualquier madre en mi situación hubiera hecho lo mismo, tratar de venir a recuperar a sus hijos, y cruzaría cualquier frontera para estar a su lado y decirles que no están solos que me tienen a mi todavía", escribe.

Esparza fue sentenciada a pasar 25 meses de encarcelamiento por tratar de reingresar al país. Actualmente se encuentra recluida en una cárcel para mujeres de San Bernardino, uno de las 400 instituciones utilizada por el Departamento de Seguridad Interna a través de acuerdos intergubernamentales, de las cuales sólo ocho son directamente operadas por agentes de ICE.

En estos centros, aunque no existen estadísticas totales que reflejen el problema real, estudios preliminares arrojaron que al menos un 5% de la población podría estar sufriendo de abuso sexual, indicó Darby Hickey, portavoz de la organización Stop Prisoner Rape (SPR), con sede en Los Ángeles.

"Es muy preocupante lo que está sucediendo en las cárceles de migración. Ellas son la población más vulnerable del sistema penitenciario porque a diferencia de otras prisioneras no tienen la oportunidad de ir a corte a denunciar los abusos, sufren vejaciones, tienen miedo de hablar porque están amenazadas y además las deportan a un país que no seguirá las denuncias de sus casos", indicó la portavoz de SPR.

Para Esmeralda Soto, una joven transexual que sufrió abuso sexualmente en un centro de detención migratorio en California, la violencia sexual es una realidad diaria entre las mujeres que esperan ser deportadas.

"Pasa todos los días porque los agentes se sienten con el poder sobre el inmigrante, y el gobierno que se empeña en vernos a todos como criminales ignora esa parte de sus trabajadores. A mí nunca se me va a olvidar lo que me hicieron, es un daño que te causan para el resto de tu vida", dijo en entrevista telefónica con La Opinión.

Actualmente el Congreso continúa escuchando los testimonios de activistas y víctimas de violencia en prisiones migratorias, a fin de implementar reformas a las políticas en los próximos 12 meses.

Pero mientras los cambios lleguen, madres como Leticia continúan impotentes frente al sistema penitenciario. Sus hijos serán puestos en adopción el próximo mes de marzo, según récord del Departamento de Menores.

"Yo sigo luchando por mis hijos... Gracias por leer mi carta, una madre que sufre", dice Leticia en su último renglón.


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